En el año 2004, el entonces congresista Rafael Valencia presentó un proyecto de reforma constitucional para que, entre los requisitos para acceder a una curul, se incluya el tener comprobada solvencia moral y salud física y psicológica, formación universitaria, técnica o su equivalente, no tener antecedentes penales y tampoco proceso penal en curso en agravio del Estado antes de la fecha de las elecciones.

De haber prosperado dicha iniciativa, muchos de los legisladores que hoy nos sorprenden ingratamente con sucesivos escándalos, que evaden a la justicia amparándose en su inmunidad parlamentaria y que, sin vergüenza alguna, reconocen que consignaron información falsa en sus declaraciones juradas, no ocuparían una curul ni percibirían ingresos mensuales superiores a los S/.15,000.

Hoy, a 17 meses de las próximas elecciones generales, el Congreso no ha aprobado ninguna norma que mejore los filtros para acceder a un escaño, alegando que una medida de ese tipo atentaría contra los derechos fundamentales del ciudadano. Con ese mismo argumento, y otros mucho más endebles, algunos parlamentarios han rechazado – incluso antes de su discusión– la iniciativa para que en las hojas de vida se mencionen las sentencias condenatorias que hayan sido ejecutadas (Perú 21)